La sociedad peruana atraviesa por un contexto en el que ya se manifiestan los efectos de la crisis económica internacional, el deterioro de los precios internacionales de diversos productos afecta a los productores, proveedores internos y trabajadores y sus familias. De otro lado, hay un incremento de la frecuencia, número e intensidad de los conflictos sociales, los mismos que pueden transformarse en estallidos sociales y crisis. Además, estamos próximos al inicio de un proceso electoral (2010 y 2011) con la consiguiente movilización de elementos culturales de radicalidad y confrontación en los partidos y la sociedad.
Lo señalado puede dar pie a la sensación de un clima interno de inestabilidad que repercute no solo en el desempeño económico del país sino, también, en sus resultados y respuestas sociales: disminución de los ingresos de la población; estancamiento de la reducción de la pobreza; intensificación de la corrupción, informalidad y, en general, de los delitos; radicalización de las propuestas y magnificación de los estallidos sociales o crisis; desmejoramiento de la competitividad de la sociedad. Se requiere crear un nuevo contexto interno inclusivo de baja conflictividad y mayor cohesión. Uno de los factores que interviene decisivamente en el mejoramiento del clima interno es el que se refiere a la puesta en marcha de políticas, estrategias y prácticas que redefinan los vínculos en las organizaciones, independientemente de su naturaleza jurídica.
La responsabilidad social es un nuevo paradigma, una nueva ética y una nueva forma de gerencia; en otras palabras, hace alusión a una visión, un comportamiento general y una manera de conducir y construir relaciones en las organizaciones. Es aplicable a todo tipo de entidad: pública o privada , con o sin fines de lucro. Implica establecer relaciones de respeto, reconocimiento y transparencia con su entorno social (partes interesadas o stakeholders); disposición a escuchar puntos de vista diversos y a crear un clima integrador en su entorno interno y externo; capacidad abierta a hacer enmiendas, modificaciones o rectificaciones en sus políticas, procesos técnicos y prácticas en general, manejando con un criterio transformador y, por ello, más adecuado para disolver o reducir las aristas y fricciones internas que pueden llevar a situaciones de conflicto y crisis. Las entidades que despliegan estas prácticas son menos proclives a enfrentar situaciones conflictivas o tienen mejores condiciones para manejarlas cuando se presenten. Las entidades públicas o privadas que asumen prácticas de responsabilidad social contribuyen al desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la mejora de la gobernabilidad y la democracia, la integración y fortalecimiento de la sociedad. Generar espacios de intercambio entre diversas entidades para acercarlas en sus planteamientos y propuestas e impulsar un desarrollo sostenible de beneficio general es hacer de la responsabilidad social una tarea de todos.
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