Desde el año 2003 la empresa Minera Majaz, hoy Río Blanco, opera irregularmente en el territorio de las Comunidades Campesinas Segunda y Cajas y Yanta, en la frontera norte del Perú. La presencia de la minera es irregular por no contar con el consentimiento de las dos terceras partes de las asambleas comunales que exige la ley 26505, conforme ha señalado la Defensoría del Pueblo (Informe 001-2006/ASPMA-MA). Durante dos años las comunidades afectadas trataron de usar los canales de diálogo con el Estado para exigir el respeto a sus derechos territoriales, sin lograr ningún resultado.
A fines de julio del 2005 los comuneros iniciaron una marcha pacífica hacia el campamento de la minera, donde según lo ofrecido por el Ministro de Energía y Minas, iban a encontrarse con una comisión multisectorial de alto nivel. Los comuneros han señalado en más de una ocasión, que ésta era una marcha de sacrificio, porque implicaba caminar durante varios días a través de una densa vegetación y en condiciones climatológicas extremas.
A su llegada al campamento minero el 1º de agosto del 2005 los comuneros no fueron recibidos por la esperada comisión de diálogo, sino por un fuerte contingente policial que los reprimió con brutalidad, lanzando bombas lacrimógenas desde helicópteros, realizando disparos al cuerpo de las personas, incluso cuando estas huían.
En esas circunstancias, 29 personas, incluyendo dos mujeres y el periodista Julio Vázquez Calle, fueron interceptadas y conducidas al interior del campamento minero. Allí permanecieron secuestrados durante tres días, siendo además sometidos a diversas formas de tortura psicológica y física. Además de ser salvajemente golpeados, durante estos días se les mantuvo encapuchados con sacos roceados con polvo lacrimógeno y con los ojos vendados, desprovistos de ropa de abrigo pese a las bajas temperaturas. Según testimonio de los comuneros cada cierto tiempo les colocaban un polvo tóxico en la cara, debajo de los sacos y los vendajes, lo que les hacía vomitar y no les dejaba respirar. Las mujeres fueron sometidas a diversas vejaciones de carácter sexual. Además a todos se les infligieron diversas humillaciones verbales y amenazas.
En octubre del 2007 la institución norteamericana Phisicians For Human Rights, (institución galardonada en el 97 con el Premio Nóbel de la Paz) realizó un peritaje a ocho de las personas torturadas, corroborando los abusos sufridos durante su ilegal retención.
Los responsables
La responsabilidad por estos hechos corresponde a diversos efectivos de la Policía Nacional del Perú que participaron directamente en las acciones delictivas y contra el personal de seguridad de la empresa Minera Majaz que intervino directamente en los hechos.
Las torturas se desarrollaron en el interior del campamento minero.
La denuncia
En julio del 2008 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) presentaron una denuncia por estos hechos ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura.
La denuncia considera los cargos de secuestro agravado, torturas, y delitos contra el pudor. Entre los métodos de tortura incluidos en la denuncia figuran agresión con gas lacrimógeno, exposición a productos tóxicos, sometimiento a golpes, asfixia, permanecer atados en posturas forzadas durante largos periodos, exposición prolongada al frío, privación de agua y alimento, amenazas de muerte, entre otras.
También ha sido denunciado el médico que examinó a las personas torturadas por el delito de expedición de certificado médico falso, ya que no dejó constancia de los signos de tortura que presentaban.
La denuncia dio origen a la investigación 214 -2008 de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura. A la fecha, el Ministerio Público viene tomando las declaraciones a los agraviados.
Las fotografías del horror
Las fotografías muestran diversos momentos de los hechos ocurridos en el campamento de la minera Majaz. En ellas pueden verse los bienes incautados por la policía a los manifestantes: ropa, víveres y enseres de cocina. Por cierto, no aparece arma de fuego alguna, lo que acredita el carácter pacífico de la marcha campesina.
Las imágenes revelan, fuera de toda duda, diferentes signos de maltratos en los comuneros que participaron en la marcha de sacrificio. Rostros ensangrentados y con presencia de contusiones y hematomas producto del accionar represivo. Campesinos con los pies descalzos y el dorso desnudo, arrinconados unos con otros, amarrados y vendados en el camal de la empresa minera.
Las imágenes muestran también como los campesinos permanecieron encapuchados en costales y sacos que contenían polvo lacrimógeno, el cual además de producirles severas quemaduras no les permitía respirar (según testimonio de las propias víctimas en estas condiciones permanecieron por horas a fin de no identificar a sus captores ni el lugar de reclusión). En tales circunstancias fueron trasladados a diferentes puntos al interior de las instalaciones de la empresa minera donde permanecieron secuestrados.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condena enérgicamente los actos de tortura y vejámenes producidos en agravio de los comuneros de Ayabaca y Huancabamba, los cuales aparecen idubitablemente acreditados en las fotos que hoy publicamos. Invocamos a las autoridades a sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables de estos execrables hechos.
La muerte de Melanio
Las circunstancias de la muerte del comunero deben ser seriamente investigadas.
Sobre todo, porque como se desprende de los exámenes de necropsia Melanio García falleció… el 2 de agosto, producto de una hemorragia ocasionada por herida de bala. Y porque, además, las fotografías tomadas el 2 de agosto registran el cadáver de Melanio, quien en esa fecha se encontraba bajo custodia policial, en otro escenario y en distinta posición (en medio de la maleza y en cúbito dorsal).
FUENTE: BLOG DE LA COORDINADORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
http://blog.dhperu.org/?p=1778
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