PERU SUPPORT GROUP

DECLARACIÓN12 DE ENERO DE 2009

NUEVA AMENAZA AL MEDIO AMBIENTE PERUANO

POR ACTIVIDAD MINERA.

ACTIVISTAS CRIMINALIZADOS

El Perú Support Group (PSG) expresa su preocupación por las recientes decisiones gubernamentales en Perú que llevarán a una importante expansión de la actividad minera en una región considerada cológicamente sensible, además de un nuevo intento de criminalizar toda opinión crítica.

Primero, quisiéramos llamar la atención respecto a la decisión de reabrir el caso contra 35 ambientalistas, activistas de derechos humanos, alcaldes y autoridades comunales de Piura y Cajamarca (regiones ubicadas en el norte de Perú) quienes fueron acusados de terrorismo y otros cargos por la Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (FUCCS). Estos cargos, fundamentados por los denunciantes basándose en artículos periodísticos, se piensa son utilizados debido a que los acusados participaron activamente en la organización de una consulta vecinal (no-vinculante) en septiembre de 2007 en la que la mayoría de los votantes rechazaron la actividad minera en la zona.

El caso fue cerrado cuando la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura archivó la denuncia contra los acusados el 17 de octubre de 2008 bajo la consideración que las acusaciones no tenían fundamento "ni en los hechos, ni en la ley", según David Velazco, miembro de la organización de defensa de los derechos humanos, FEDEPAZ, y abogado de los acusados. Sin embargo, el Fiscal Superior de Piura ha dictaminado que el caso pase a la DIRCOTE - PIURA, para continuar con las investigaciones y, eventualmente, denunciar el caso ante el poder judicial.

La decisión de reabrir el caso, el 24 de diciembre de 2008, coincidió con la aprobación por el gobierno peruano de la solicitud de Monterrico Metals (MM) de adquirir unas 27 concesiones mineras más en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, además de las 8 concesiones principales que ya comprenden el Proyecto Río Blanco - el área concesionada representa alrededor de 28.000 hectáreas en total. La solicitud, presentada en abril de 2007 por el accionista mayoritario de la empresa, el consorcio chino Zijin, fue oficialmente aprobada por el Decreto Supremo 024-2008-DE con fecha del 1 de diciembre de 2008 firmado por el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas, y el Canciller en representación del Ministerio de Defensa.

Además, puesto que la Constitución Peruana de 1993 no permite a los extranjeros adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, el gobierno peruano ha declarado a través del Decreto Supremo Nº 024-2008-DE que la adquisición de más concesiones mineras por la empresa es de necesidad pública y de interés nacional.

Según MM las nuevas concesiones permitirían mayor "control del desarrollo de actividades mineras en el área" y protegerían "la integridad del área de conservación ecológica propuesta para Río Blanco". Además, la empresa explica que "la viabilidad social de Río Blanco está protegida por la eliminación de cualquier actividad de otras empresas mineras alrededor del Proyecto. La empresa reitera que cualquier exploración o realización de actividades mineras en esta nuevas concesiones requerirían el permiso ambiental adecuado y otra autorización del Gobierno peruano y los respectivos propietarios de la superficie del terreno.

" Una interpretación de los comentarios de la empresa es que MM no quiere que los demás aprovechen de la actividad minera en las áreas contiguas y en su debido momento empezará el procedimiento para poder explorar, y si es factible, desarrollar estas nuevas concesiones. Si MM solo quería proteger el medio ambiente de los alrededores, no necesitaría obtener concesiones mineras para controlar las áreas. Comentaristas con interés en el valor de las acciones de MM también lo interpretan como la apertura de nuevas posibilidades mineras (http://www.iii.co.uk/ – Momentum returns at Monterrico Metals, Edmond Jackson 08/01/09).

Además, el 6 de octubre de 2006, MM realizó una presentación para inversionistas en Londres en la cual sugirió que una de las ventajas del proyecto es que tiene el potencial de ser parte (central) de un 'distrito minero' más amplio que podría incorporar otros yacimientos de la región así como del otro lado de la frontera con Ecuador. Se discutió el tema conjunto de los efectos sociales, de desarrollo y relacionados a la contaminación de agua del Proyecto Río Blanco en su forma inicial y, hasta cierto punto en su forma ampliada, en el informe publicado por PSG en 2007, Minería y Desarrollo en el Perú, Con Especial Referencia al Proyecto Río Blanco, Piura. Parece que nuestras preocupaciones no eran infundadas.

El Perú Support Group opina que la decisión de reabrir el caso contra los 35 ambientalistas, activistas de derechos humanos, alcaldes y autoridades comunales de Piura y Cajamarca, junto con la autorización gubernamental de concesiones adicionales a la empresa minera demuestran un grado preocupante de hostilidad por ciertas instituciones estatales y una indiferencia aparente del Gobierno peruano en cuanto a las preocupaciones del pueblo de la zona y al tema general de desarrollo regional. A pesar de las garantías de la empresa que la nueva zona de actividad "asegura que los recursos naturales y el medio ambiente serán respetados de acuerdo con la política de la empresa", el tamaño de la propuesta zona minera suscita preocupaciones verdaderas en los ámbitos sociales y ambientales, especialmente respecto al suministro de agua, tanto en Perú como en Ecuador, y a la viabilidad de la actividad agrícola, principal fuente de sustento de la población del área involucrada.